El “porro” cura más y es más barato

Necesito un porro para la semana que viene.
– No hay problema, si necesitas más, ya sabes son 50 euros cada bolsita de 10 gramos.

No, no se trata de una conversación entre traficantes y consumidores de droga, se trata de una transacción entre un ganadero sin escrúpulos y un falso veterinario.
Si necesitas disminuir las bajas entre el ganado, reducir el tiempo de engorde, aumentar la masa muscular del animal, mejorar el aspecto final de la carne, retener los líquidos en la masa muscular para ganar más dinero en el peso final, ya se sabe, un “porrito” y adelante. No pasa nada, nadie se va a enterar, el animal al final será sacrificado, no enfermará y parecerá más saludable.
Este es el gran problema que acecha desde hace años en algunas granjas de nuestro país.
Por desgracia aún existen ganaderos que piensan que todo vale para ganar cada día más dinero a costa de nuestra salud y la de nuestros hijos. Todo sea para incrementar nuestra cuenta corriente sin ningún esfuerzo.
Claro, no son conscientes de que están cometiendo un delito contra la salud pública. Si, son unos delincuentes que, al igual que los traficantes de droga comercializan sustancias que causan un gran peligro a la salud pública a aquellos que las consumen conscientemente pero con la diferencia de que las víctimas en aquél caso no somos conscientes de ello.
¿Quién acepta voluntariamente consumir sustancias prohibidas en perjuicio de su salud cuando se come un filete de ternera? Nadie, tan solo estos señores lo saben.
Como sabemos la ganadería es una actividad prioritaria en la alimentación humana que produce multitud de alimentos que consumimos día a día y existen unos mecanismos de control muy fiables para que el consumidor no sea defraudado, pero existen aún determinadas sustancias que se utilizan por algunos delincuentes que pretenden sortear estos controles veterinarios.
¿Cómo se pueden prevenir las bajas de los animales? Pues sobremedicándolos sin que sea detectado por los servicios de control veterinario. Si bien es cierto que las Comunidades Autónomas exigen unos controles muy estrictos, aún hay gente que quiere burlarlos.
Para ello recurren al conocido “porro” que es utilizado por algún ganadero de forma “preventiva” para evitar la aparición de enfermedades en el animal como si se tratase de una vacuna.
Dado que los medicamentos veterinarios deben aplicarse bajo control sanitario y registrarse en los libros oficiales, recurren a intermediarios o traficantes de porros que los fabrican ellos mismos como si fueran químicos o farmacéuticos. Ellos mismos compran los principios activos, los mezclan y los venden a los ganaderos que se lo solicitan a un precio mucho más bajo que los que se comercializan por los laboratorios autorizados.
Introducen en el mercado estos “cócteles” que normalmente contienen una concentración superior del principio activo antibiótico.

El argumento de venta es muy simple, “cura más y es más barato” y además no hay control administrativo en su expedición y compra.
Pero hay otra forma de conseguir aumentar el rendimiento de la explotación ganadero, ilegal, lógicamente. Se trata de tratar al animal con hormonas de crecimiento o con “finalizadotes”. De esta forma se consigue aumentar el peso y la masa muscular del ganado con poco coste económico pero si con un gran coste para la salud del consumidor.
También se dan casos de ganaderos que comprueban como alguna de sus cabezas enferma y no responde a la medicación aplicada por lo que ante la posibilidad de perderlos los sacrifica sin respetar el tiempo de espera, es decir, el tiempo que debe pasar entre la finalización del tratamiento veterinario y su sacrificio, y no perder ese dinero que le supone incinerarlo sin comercializarlo.
¿Qué problemas encuentra la sociedad con estas actividades criminales? En primer lugar el autoconvencimiento de algunos ganaderos de que “no pasa nada”,
Se trata de una actividad impune porque hay muchas personas que lo hacen y no les pasa nada. Además nadie enferma comiendo carne de animales tratados y en el caso de que así fuera no se puede demostrar el origen de esta enfermedad.
No olvidemos que estudios epidemiológicos han demostrado que existe una incidencia directa entre determinadas enfermedades cancerígenas y el consumo de carne hormonada.
Por otra parte, no podemos olvidar que el tráfico de sustancias no autorizadas con esta finalidad es un negocio muy lucrativo y es muy frecuente que la persona que asesora al ganadero sea de su plena confianza y que además lo hace en otros aspectos relacionados con la alimentación, la medicación, etc.
Y, por último, una cierta tradición basada en una mala costumbre. La normativa es relativamente reciente y además se va adaptando a las circunstancias del “día a día” de forma que hoy están prohibidas algunas sustancias que antes no lo estaban.
Para tener una idea aproximada de los efectos que sobre la salud humana provocan las hormonas esteroides sintetizadas y que se aplican en tratamientos metabólicas e inflamatorias bajo estricto control sanitario, pueden producir en otro caso:
– Insuficiencia adrenocortical
– Inmunosupresión (aumento a la susceptibilidad a posibles infecciones)
– Efectos en la musculatura esquelética (osteoporosis, catabolismo proteico)
– Alteraciones electrolíticas (retención de sodio, eliminación de potasio y calcio, retención hídrica, aparición de edemas en las extremidades, cálculos renales)
– Efectos oculares (aumento de la presión ocular, glaucoma, incremento de infecciones fúngicas y víricas)
– Efectos sobre el sistema endocrino
– Aumento de los niveles de glucosa.
– Alteraciones del ciclo menstrual.
– Trastornos gastrointestinales.
– Efectos en el sistema nervioso central (vértigos, insomnio)
– Alteraciones dermatológicas.
– Alteración en la gestación del feto en la mujer embarazada.

Estas actividades ilícitas son investigadas por el Cuerpo Nacional de Policía como un delito más, investigaciones que son coordinadas por la Comisaría General de Policía Judicial, Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, y en las que participa muy activamente las diferentes unidades de policía judicial periféricas que actúan de forma coordinada con los organismos autonómicos competentes en el control de las industrias ganaderas.
Todas las actividades narradas constituyen un delito de peligro contra la salud pública, tipificado en el artículo 364 del Código penal y que persigue la administración de sustancias no permitidas o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados que generen riesgo para la salud. Es una norma en blanco que nos obliga a integrar este precepto en la normativa actual (R.D. 1373/1997, de 29 de agosto) y otras directivas europeas.
Para acreditar la comisión de este delito es indiferente el grado de concentración de la sustancia, lo decisivo es el carácter peligroso de la misma para la salud pública. Lo relevante para el perfeccionamiento del delito es la constatación de que se ha administrado una sustancia prohibida y que dicha prohibición se debe al riesgo potencial que la utilización del producto genera para la salud de las personas y la consumación del delito se produce en el momento que se administra esa sustancia a animales cuyas carnes estén destinadas al consumo humano.
El catálogo de sustancias susceptibles de ser administradas a los animales que poseen la potencialidad lesiva reclamada por el tipo es muy amplio, si bien en ocasiones el efecto típico no dependerá solo de la sustancia en sí misma, sino de la dosis utilizada. A título de ejemplo puede citarse las siguientes: sulfadimetoxina, otros anabolizantes como el estanisolol, tranquilizantes como el diazepán, topazol, beta-agonistas como el clembuterol, salbutamol y el cimaterol, estradiol benzoato, nandrolona, decanoato, acetato de medroxiprogesterona, clenproperol, azaperol, acetato de trembolona, etc.
¿Pero como investiga estos hechos el Cuerpo Nacional de Policía?
Pues como el resto de los delitos contra la salud pública pero con la salvedad de que en este caso contamos con un precioso colaborador, la mayoría de los ganaderos que hacen bien su labor y los organismos de la administración autonómica correspondiente que posee un cuerpo de técnicos muy preparados como veterinarios y facultativos que día a día realizan inspecciones sobre producciones ganaderas y mataderos donde detectan la aplicación de estas sustancias prohibidas, sin olvidar a los laboratorios especializados.
Una vez identificada la cabeza, es sacrificada, separada del consumo humano y se rastrea todo su historial hasta identificar al ganadero y se identifica la sustancia prohibida mediante la colaboración del Instituto Nacional de Toxicología.
Identificada la sustancia se intenta identificar al “intermediario” que la comercializa y al “químico” que la elabora ilegalmente, se realizan las detenciones y los registros correspondientes inmovilizando las cabezas de ganado que hayan sido tratadas ilegalmente con la colaboración siempre de los servicios de sanidad animal de la comunidad autónoma correspondiente.

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