El asesinato de “el manitas”.Su investigación policial

manitas1

Foto: Heraldo

Un año después del asesinato de Alberto D. M. “el manitas” el 29 de marzo de 2006, el Grupo de Homicidios de la Policía de Zaragoza y Valladolid lo esclareció con éxito al practicar la detención de nueve personas por su relación con este crimen, entre ellas al presunto autor material del crimen. Los sospechosos eran vecinos de Valladolid, donde integran el clan de Los Kikos, dedicado al tráfico de drogas en esa capital y en pueblos de los alrededores. El clan de Los Kikos está considerado como una organización de tipo medio en la distribución de estupefacientes en Valladolid.

Este terrible suceso se describe así en la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza:

“Fernando A.A. junto con otras tres personas integrantes del clan de los mercheros conocido como “los Kikos”, dedicado al narcotráfico en Valladolid se desplazaron desde esa ciudad a Zaragoza tras tener conocimiento de que un tercero, don Alberto D. M., alias el manitas, podía tener dinero por valor de unos doscientos millones de las antiguas pesetas, con el propósito de apoderarse de la cantidad indicada y a cuyo fin estaba dispuesto a realizar los actos necesarios contra aquél, incluida su muerte.

Al referido propósito se hizo con una pistola que llegaría a utilizar posteriormente en la ejecución de los hechos. Consta que interceptaron a la víctima, abordándola cuando se disponía a entrar en su domicilio habitual, introduciéndola por la fuerza y contra su voluntad en la furgoneta en la que se habían desplazado, y en la que el ahora recurrente (Fernando A.A.), usando una navaja o cuchillo, le causó cortes en el cuerpo al objeto de que revelara dónde tenía el dinero.

Como quiera que nada dijera el agredido, o diera explicaciones insatisfactorias, el demandante de amparo y uno de sus compañeros registraron su domicilio, así como posteriormente una segunda vivienda de la víctima sita en la localidad de Pinseque, próxima a Zaragoza.

No encontraron lo que buscaban, si bien se apoderaron de 18.000 euros, así como de teléfonos móviles, un brazalete, una cadena y un cordón de oro que llevaba consigo el perjudicado por los hechos. Tras acabar el segundo registro, en la madrugada del día 29 de marzo de 2006, dentro de la furgoneta ya citada, el recurrente en amparo disparó con la pistola que portaba, de arriba abajo, en la rodilla de la víctima, que se encontraba sentada, para a continuación dispararle, a cañón tocante o muy próximo, en la parte de atrás de la cabeza, lo que ocasionó su muerte inmediata abandonándolo en una acequia de Garrapinillos.

Cometió ese acto en presencia de los restantes participantes en los hechos, arrojando el cadáver en una acequia de riego próxima. Mientras se producía esa secuencia, desde uno de los teléfonos sustraídos a la víctima se realizaron por dos de los encausados varias llamadas telefónicas”.

LA INVESTIGACIÓN Y LAS DUDAS PLANTEADAS POSTERIORMENTE POR LA DEFENSA

La Policía Nacional de Zaragoza investigó los hechos y la instrucción recayó en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Zaragoza, que autorizó la entrada y registro de los domicilios de los acusados, encontrándose diversos efectos entre los que estaban los dos teléfonos móviles propiedad del fallecido que fue utilizado con posterioridad a su muerte, diversas armas, y otros efectos.

Se incoaron diligencias y se enjuició por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza. La sentencia de 10 de julio de 2009 condenó a los autores por delito de asesinato, detención ilegal, robo con violencia e intimidación y tenencia ilícita de armas y 32 años y medio de prisión a los otros dos miembros del clan Los Kikos, Francisco Javier A. M. y Rubén M. S. y a indemnizar a los herederos del fallecido conjunta y solidariamente con el resto de los condenados, en la cantidad de 100.000 euros, por su fallecimiento, más 18.000 euros por el dinero sustraído. Este hecho fue recogido por la prensa regional y nacional.[1]

Fue recurrida la sentencia ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo que la ratificó al considerar que la prueba valorada, que la averiguación de los delitos es el resultado de una prolija investigación policial basada fundamentalmente en escuchas telefónicas y en la intervención de las conversaciones de los detenidos en los calabozos de las dependencias policiales en Valladolid. Se consideró además que el auto judicial de las intervenciones, escuchas y su tramitación procesal fue escrupulosa desde el punto de vista procesal.

manitas2

Foto: Periódico de Aragón

INSTALACIÓN DE MICRÓFONOS EN LOS CALABOZOS DE LA POLICÍA

No obstante se discutió la idoneidad y oportunidad del auto del Juzgado Instructor que decretaba la instalación de “artificios técnicos de escucha, grabación de sonido e imagen” en los calabozos de la Comisaría de Policía a fin de escuchar las conversaciones que tenían lugar entre ellos durante el tiempo de su detención y que puedan afectar a la muerte violenta de la víctima Alberto D. M.

Fernando A. Á. interpuso recurso de casación contra la Sentencia condenatoria que fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el año 2010.

Como reza en la sentencia se tuvo en “cuenta que se trata de investigar una muerte violenta de una persona, cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza y cuyo teléfono móvil fue utilizado por sus supuestos captores antes de producirse esta, lo que dio lugar a la adopción de una línea de investigación basada en la intervención de una serie de teléfonos móviles cuyo resultado arrojó fundados indicios en relación a las personas cuyas conversaciones se pretende grabar y tras proceder a su detención y con anterioridad a ser puestas a disposición judicial pudieran encontrarse implicadas en el hecho en cuestión, concluye con la idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de la medida solicitada y precisamente ‘para evitar que los imputados pudieran ver mermado su derecho de defensa y su derecho a no declarar contra sí mismos, no se podrá instalar los aparatos de escucha en el lugar donde aquéllos tengan acceso a la entrevista reservada con su letrado dado que el imputado puede revelar a su letrado los secretos que quedan bajo la reserva del secreto profesional’, acordando en la parte dispositiva que no podrán utilizarse los sistemas de captación en el habitáculo reservado para que los imputados mantengan la entrevista reservado con su letrado, que permanecerá separado de las celdas en que se instalarán las escuchas y que la colocación de los micrófonos se realizará por los técnicos de la policía judicial ‘en presencia del Secretario Judicial que levantará acta en relación a la citada colocación y, en su caso, de la separación debida entre las celdas y el lugar donde los detenidos se entrevisten con su letrado”.

Posteriormente, la defensa de uno de los detenidos demandó en amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar vulnerados una serie de derechos constitucionales afirmándose que las escuchas telefónicas realizadas vulneraron el derecho fundamental al secreto a las comunicaciones (art. 18.3 CE), conectado íntimamente con el derecho a la intimidad del apartado primero de la misma previsión constitucional interesándose la nulidad de la Sentencia judicial.

Se acordó su admisión a trámite de la demanda de amparo y el Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite en el año 2011. En cuanto a la queja relativa a las grabaciones telefónicas subraya que en el oficio policial se exponían una serie de hechos objetivos y datos de los que fluía con rotundidad la constancia de una pluralidad de delitos de indudable gravedad, cuanto menos sendos robos y una desaparición no voluntaria de una persona, lo mismo que el número de teléfono cuya intervención se demandaba y el titular del mismo, que no era otro que el desaparecido. Por consiguiente, era evidente tanto la idoneidad, como la necesidad y proporcionalidad de la medida para avanzar la investigación.

El órgano judicial, además, lo acordó motivadamente y garantizando su control y supervisión, no existiendo entonces vulneración alguna del art. 18.3 CE. Y añadió que “la denuncia que se invoca al amparo de los arts. 18.3 y 24 CE, referente a la grabación de las conversaciones que mantuvieran los detenidos en los calabozos policiales desde su detención hasta su puesta a disposición de la autoridad judicial, la considera fundada en Derecho”.

Afirma que el art. 579 LECrim, adolece de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales, de modo que no satisface los requisitos exigidos para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones, interpretado como establece el art. 10.2 CE de acuerdo con el art. 8 CEDH.

A juicio del Tribunal Supremo, como sucede con la intervención de las comunicaciones telefónicas, las insuficiencias del precepto legal podían ser suplidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como por las previsiones de la Ley general penitenciaria y del Reglamento penitenciario. Sin embargo, a su criterio, tal modo de argumentar no puede compartirse ya que no son asimilables las intervenciones de las comunicaciones telefónicas, que están previstas en la Ley de enjuiciamiento criminal, con grabaciones de otras conversaciones entre particulares que carecen de toda cobertura legal.

Por otra parte, prosigue, carece de toda base la toma en consideración de disposiciones legales que establecen habilitaciones para la autoridad administrativa en otros ámbitos (señaladamente, la legislación penitenciaria), dado que es obvio que dicha normativa está prevista para ámbitos jurídicos distintos y presupuestos diferentes… Por todo ello, las conversaciones grabadas en las dependencias policiales lo fueron con vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y de la intimidad (art. 18.3 y 1 CE) y su consideración como pruebas de cargo constituye una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).

No obstante lo expuesto, añade finalmente, el resto del material probatorio que fue tenido en cuenta para fundamentar el fallo condenatorio no guardaba relación con dichas grabaciones en comisaria, por lo que la vulneración reseñada debe comportar únicamente la imposibilidad de valoración de tales conversaciones pero no la del resto del material probatorio.

En ese orden de cosas resalta que la Sentencia de instancia, de 10 de julio de 2009, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, explicita los indicios de los que se desprende la participación en los hechos del ahora demandante, lo mismo que sucede con la Sentencia de casación, de 2 de junio de 2010, en su fundamento de Derecho décimo segundo. Deducir de tales datos, plenamente acreditados por pruebas válidas, la participación del recurrente en los hechos por los que ha sido condenado no puede tildarse de una inferencia excesivamente abierta o débil. Por ello, el Ministerio Fiscal solicita el otorgamiento del amparo, declarando vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), a la intimidad (art. 18.1 CE) y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), denegando el amparo en todo lo demás”.

Por todo ello el Tribunal Constitucional falló en su STC 145/2014 del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por el recurrente y declarar que se había vulnerado el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) en cuanto se refiere a las grabaciones efectuadas en dependencias policiales y desestimó el recurso de amparo en el resto de cuestiones planteadas adquiriendo firmeza la sentencia recurrida.

[1] http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=61939

 http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/policia-detiene-nueve-personas-   asesinato-el-manitas_307235.html

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s